| Transcurrido
un mes desde la catástrofe del Prestige, además
de recuento de los daños, podemos comenzar a
extraer conclusiones.
Algunas, como la incompetencia de los poderes públicos
a la hora de actuar en semejantes situaciones, nos la
barruntábamos, aunque se han superado los cálculos
más pesimistas. Pero otras conclusiones a las
que llegamos viendo lo sucedido, tienen ribetes de novedad.
Vayamos por partes. En España, no sólo
no hay políticas efectivas de protección
civil cuando la escala rebasa el accidente de tráfico,
o poco más. No hablo ya de que no exista un solo
barco específico para luchar contra la contaminación
o los vertidos. Ni del riesgo que suponen las plantas
petroquímicas que jalonan nuestro litoral, incluido
el Mediterráneo, mucho más vulnerable.
Es que ni siquiera parece haber autoridad máxima
en cuanto a protección civil se refiere. En teoría
sí, claro. La cúspide de la jerarquía,
según la ley, la ostenta el Ministro del Interior.
Entonces, ¿dónde se ha metido Acebes?
¿Alguien le ha oído decir esta boca es
mía?
Pero, mientras la máxima autoridad de la protección
civil está missing (no sabemos si in action),
escuchamos a muchas otras autoridades valerse de todo
tipo de argumentos espurios para justificar lo injustificable.
Muchos de estos despropósitos, como no podía
ser de otra forma, son desmentidos de inmediato por
la fuerza de los hechos.
La evidencia es tozuda y contundente. Se puede decir
misa y cantar gorigoris, pero el fuel se encarga de
poner a cada uno en su sitio y a cada orador a comerse
sus palabras, en este caso, como los txipirones: en
su tinta. Al día siguiente, se rectifica, se
matiza o se edulcora lo que se afirmó con contundencia
el anterior. Y no pasa nada.
También nos preguntamos dónde está
J. Matas, Ministro de Medio Ambiente por más
señas. Este ministerio de nuevo cuño,
creado precisamente por Aznar, debería hacerse
visible en esta crisis... ¿O no?
Y otra pregunta: ¿Aceptará el partido
en el gobierno que se forme una comisión parlamentaria
para dilucidar cómo hemos llegado a esto, qué
se podía haber hecho, qué medidas habrán
de tomarse para que no vuelva a ocurrir nada parecido?
No vamos a entrar a juzgar si se ha actuado con indolencia,
con dejadez, con estulticia, o se ha tratado de un mayúsculo
error de cálculo, aderezado con cierta dosis
de mala suerte (que siempre acompaña). Lo que
sí debemos sopesar es la responsabilidad política
de aquellos que han tomado las decisiones. ¿Que
eran decisiones complicadas? Claro, sin duda. Y desde
aquí lo sentimos mucho. Pero si a usted le toca,
y le toca en el cargo, no le queda más remedio
que apechugar. Y si no, haberse metido a otra profesión
y haber dejado la política para otros.
El caso es que, en este país,
el concepto de responsabilidad política es, cuando
menos, difuso; mayormente, para los propios políticos.
Así que no nos queda más remedio que recordárselo.
En política, tomar decisiones erróneas
tiene un precio: la dimisión.
Lo grave es que aquí no dimite nadie. Mejor dicho:
el único que ha dimitido hasta ahora ha sido
un político de la oposición, en concreto
de la Asamblea Regional del PSOE madrileño, que
ya me dirán qué tiene que ver con nuestro
asunto. Lo cierto es que este señor, Antonio
Carmona, se sacó de la manga un chiste desafortunado
y la fiesta no está para castañuelas.
El interesado pidió disculpas y presentó
inmediatamente la dimisión, gesto que le honra,
aunque se nos antoja incluso excesivo. Y digo esto porque,
a los que se les tenía que caer la cara de vergüenza,
la llevan muy alta y están todo el día
en la televisión gubernamental intentando salvarse
del naufragio.
Sin embargo, cometen otro error gravísimo. De
lo que se trata es de salvar la mar, la costa, los trabajos
a ella asociados, el ecosistema... Cualquier cosa antes
que la poltrona, por mucho que les cueste entenderlo
o aceptarlo.
Por eso, desde aquí, pedimos dimisiones. Muchas
dimisiones y de mucho calado.
|
